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Feminicidios que el Estado se niega a contar (1)

Liz María Sánchez, una niña de 9 años, ya no está con su familia. El vecino y amigo de sus padres, Esterlin Francisco Santos, la violó, la mató y tiró su cuerpo al mar Caribe, según las investigaciones preliminares.

Una cámara de videovigilancia captó cuando la pequeña entró a la casa del hombre, supuestamente a buscar un celular que le había prometido. También grabó, horas después, cuando Santos salió con una funda negra en sus manos: se presume que cargaba el cadáver de Liz.

“¡Esa era mi vida, yo me quiero morir, Dios mío!”, lloraba la madre de la niña, Liselot García, mientras en el Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, los vecinos protestaban contra las autoridades al grito de “¡Queremos justicia!”, en pleno toque de queda. Entendían que la Policía y la Fiscalía no habían actuado con prontitud. Cuatro días después de la denuncia de la desaparición de la pequeña, el 16 de agosto de 2020, su cuerpo no aparecía.

Velas en mano y mascarillas en la boca, las protestas del barrio se escucharon hasta el Palacio Nacional. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo estar “muy afectado” y prometió que el país tendría un mejor plan de seguridad nacional, que contemplara acciones específicas para proteger a mujeres y niñas.

Si eres una niña, adolescente o mujer adulta residente en la República Dominicana, tienes más riesgo de morir a manos de un feminicida de tu familia o de tu entorno cercano que en actos ligados a la delincuencia. El 52% de las muertes violentas de mujeres ocurridas entre 2005 y 2019 fueron clasificadas como feminicidios, según datos de la Procuraduría General.

Pero el porcentaje es aún mayor del que admiten las autoridades, que dejan fuera de sus estadísticas casos como el de Liz María, aunque hubo violación sexual, mediaba una relación de poder entre el hombre y la niña, y no se trató de un crimen vinculado a actos de delincuencia común o a hechos accidentales. 

Según el Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará, “los femicidios son las muertes violentas de mujeres por razones de género, ya sea que tengan lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sean perpetradas o toleradas por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

A pesar de que República Dominicana suscribe ese acuerdo internacional, la Procuraduría solo contabiliza feminicidios íntimos entre los casos oficiales, es decir, aquellos en los que el asesino es pareja o expareja de la víctima. Con base en esa clasificación, las autoridades han instalado en los medios de comunicación la idea de que los feminicidios cayeron tanto en 2018 como en 2019, una afirmación difícil de sustentar con los datos y el sistema de tipificación que utilizan. 

El subregistro de feminicidios ascendió, al menos, al 25 % en 2019 y al 16 % en 2018, según detectó una investigación de Espacio de Comunicación Insular en alianza editorial con CONNECTAS y el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ). 

La Procuraduría registró oficialmente 77 feminicidios o posibles casos de feminicidios (en muchos casos todavía no hay sentencia judicial) durante 2019, aunque esta investigación pudo identificar 103 casos en ese año. Mientras que en 2018 el registro oficial de feminicidios fue de 83, la cantidad que esta investigación pudo reconstruir es de, al menos, 99 casos. 

Para llegar a esta conclusión se compararon las estadísticas oficiales con una base de datos propia elaborada por Espacio de Comunicación Insular, que tomó información de la Procuraduría, pero también de la Policía, los medios de comunicación y las organizaciones feministas y de mujeres como el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y la Fundación Vida sin Violencia.

Consecuencias del subregistro

¿Por qué es importante llevar un registro adecuado de los feminicidios? ¿Cómo influye un buen registro en la vida de las mujeres y niñas víctimas de violencia machista?

Lo que no se cuenta, es como si no existiera. Los tipos de feminicidios que no se contabilizan en los registros oficiales no son incluidos en campañas de información ni se establecen procedimientos claros de prevención, asistencia a posibles víctimas ni acompañamiento a las familias que los sufren. 

En el caso de los feminicidios íntimos se ha creado la práctica -no siempre cumplida- de actuar de oficio, es decir, sin necesidad de que la familia de la víctima u otra parte interesada se querelle. Pero al no registrar como feminicidios casos que sí lo son, estos pueden caer fácilmente en el olvido, por falta de interés o de recursos de los familiares de las víctimas para seguir largos procesos judiciales. 

Hasta en casos liderados por abogadas del Ministerio de la Mujer con gran experiencia en abordar la violencia machista, los procesos pueden tardar más de un año antes de lograr una sentencia en primera instancia, debido a temas burocráticos que incluyen la suspensión de audiencias porque la Dirección General de Prisiones no traslada a los internos de forma oportuna, explica la abogada Juana Rosario, quien trabajó hasta hace poco en el Ministerio.

Desproteger a las niñas, culpar a las madres

Los bomberos iniciaron la búsqueda de Liz María en el litoral del Caribe en Santo Domingo, pero el mal tiempo no los favoreció. El martes 25 de agosto, Rafael Javier Bueno, intendente de los bomberos de Santo Domingo Este, informó que ese día se realizó la última búsqueda. Ya no había posibilidades de encontrar su cuerpo. 

Hasta ese momento, vecinos, parientes y amigos de la familia caminaban cada día a la orilla del mar, a la espera de encontrar una pista sobre el paradero de la niña, mientras bomberos buzos y policías se sumergían o navegaban el Caribe para hallar el cadáver. 

La madre de Liz, Liselot García, no solo se ha quedado sin su hija, también sin una tumba donde llorarla. Algunos vecinos dijeron ante las cámaras de televisión que la mamá es culpable porque descuidó a la niña, al permitirle entrar y salir, sin supervisión, de la vivienda de un hombre que a ellos les parecía sospechoso. 

A Liz, como a otras niñas y mujeres, le falló la comunidad tanto como el Estado. La comunidad sistemáticamente culpa a las madres, actitud que mantienen también algunas autoridades, como se puso en evidencia con el feminicidio de la niña Yaneysi Rodríguez, en la provincia de Santiago de los Caballeros. 

Yaneysi tenía cuatro años. Los presuntos asesinos y violadores, Franklin Fernández Cruz, de 31 años, y un adolescente de 16 años -cuyo nombre se omite por razones legales- eran sus vecinos en La Barranca del municipio Sabana Iglesia.

Su feminicidio también conmocionó al país. Pero, como en el caso de Liz María, más se habló de la responsabilidad de la madre, Yanery Altagracia Rodríguez, que de los feminicidas y de las fallas de las autoridades. Contra los padres, en cambio, no hubo dedo acusador.  

Ney Aldrin Bautista, director de la Policía en ese momento, acusó de “irresponsable” a Yanery Altagracia. “Ustedes pueden creer que una niña de cuatro años la mamá la mandara al colmado sola, de noche, ¿hasta dónde va a llegar la irresponsabilidad? Esa irresponsabilidad… a un sitio donde se está vendiendo alcohol   usted manda a una niña de cuatro años”, dijo el policía, visiblemente enojado, el 8 de enero de 2020. 

Bautista no hizo el mismo énfasis en que, según la Policía, el menor acusado de violar a la niña tenía pendiente otro caso por agresión sexual. De acuerdo con las autoridades, el adolescente violó a la pequeña y después se la llevó a Franklin Fernández para que este también la violara.

La abuela materna de la niña, Leticia Mercedes Rodríguez, se aferra a la esperanza de que para su nieta sí habrá justicia. “Que los condenen al menor y al grande también, porque son dos violadores. El chiquito ha violado dos con esta, mató esta y violó a la otra, pero esto no se va a quedar así”, dice con toda seguridad, aunque no tiene recursos para pagar un abogado por mucho tiempo, y debe confiar en la diligencia de las autoridades.

Causas del subregistro 

La investigadora Flor Batista Polo, del Observatorio Político Dominicano (OPD), que ha analizado y clasificado feminicidios explica que el problema principal radica en la clasificación. “Nosotros hemos incluido apenas cinco de las categorías de feminicidios que tiene el modelo de protocolo latinoamericano que establece cerca de 16 o 17 categorías, pero estas son las más comunes que hemos podido identificar en la República Dominicana. Como la Procuraduría General solamente registra los feminicidios íntimos, estas otras categorías pasan inmediatamente a ser considerado homicidio de mujeres”, dice la investigadora. 

De acuerdo con los datos recogidos por Espacinsular, durante 2019 se cometieron 79 feminicidios íntimos y 24 no íntimos, que entrarían en distintas clasificaciones. Es decir, que el Estado no contabiliza cerca del 25 % de los feminicidios.

Fuera de las estadísticas oficiales quedaron casos como el de Kany Martínez, asesinada en julio de 2019 por el capitán de la Fuerza Aérea, Franklin Beltré, quien no era su pareja ni expareja, sino un conocido que la acosaba, según la versión de familiares y vecinos recogida por medios de comunicación. Ella no forma parte de los números de la Procuraduría ni era parte del público meta de campañas de prevención de la violencia basada en género. Dejó tres niños huérfanos.

El feminicidio no es un problema menor en la República Dominicana. De acuerdo con datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, organización que usa estadísticas oficiales para sus reportes, el país es la quinta nación con la tasa más alta de este delito en Latinoamérica. República Dominicana tiene una tasa de 1.9 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Solo están peor El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia (2.3) y Guatemala (2.0).

El subregistro por el que se ignoran casos como el de Liz María y Kany podría ser incluso mayor de lo que se ha calculado en esta y otras investigaciones. Participación Ciudadana concluye en un análisis estadístico que “es probable que la Procuraduría, por problemas de tipificación y conceptualización, esté reportando 37% menos casos de feminicidio en promedio desde el 2016”. 

La investigadora Susi Pola duda incluso de la calidad de las estadísticas sobre feminicidio íntimo. A su juicio no se ha hecho un registro científico de los casos. “Hace 16 años, en ocasión de participar en el primer estudio de feminicidio en República Dominicana, recomendamos un sistema de registro científico y transversalizado al género, porque hablamos del peor crimen contra las mujeres de parte de los hombres. Un sistema que ofrezca información precisa, desinteresada, confiable y oportuna. ¡Aún lo esperamos!” afirma la investigadora en su artículo “Estadísticas violencia de género” publicado en noviembre de 2018.

Conscientes del subregistro, las investigadoras con frecuencia hacen una revisión de los medios de comunicación nacionales y locales, ya que éstos reportan casos que la Procuraduría omite. Los medios basan sus reportes en informaciones que ofrece la Policía y en el reporterismo desde el lugar de los hechos.

Incluso cuando se usa solo el criterio de feminicidio íntimo, que es seguido por la Procuraduría, la prensa informa de casos que no son contabilizados por la institución y que corresponden a esta categoría. La muerte de Génesis Morales, asesinada por su expareja de un disparo en la cabeza frente a su hijo, tampoco fue contabilizada oficialmente, según el reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

El vacío legal

La investigadora Flor Batista Polo valora el hecho de que la Procuraduría contabiliza el feminicidio, aunque no existe como delito claramente tipificado en el sistema legal de la República Dominicana, como ocurre en otros países de América Latina como Costa Rica y México. 

“En el sistema de justicia de la República Dominicana no existe el feminicidio como una figura penal; por lo tanto, no se puede juzgar a nadie por ese crimen, sino mas bien, por homicidio agravado de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Dominicano”, explica la investigadora en su informe.

La ONU identifica al menos 15 modalidades de feminicidios con el fin de ofrecer un marco de referencia que permita conocer el problema a fondo en el contexto de cada país. A más conocimiento sobre los feminicidios que sufre una sociedad, más posibilidades de implementar políticas de prevención que salven a niñas como Yaneisy o Liz María, cuyo cuerpo aparentemente se perdió en el mar, aunque su madre se aferra a una última esperanza. 

“Yo siento que mi hija está viva, yo como madre siento en mi corazón que mi hija está viva”, decía a los periodistas en una entrevista, y llamaba a las autoridades a continuar con la búsqueda. Prefiere creer que fue traficada y que pronto la encontrarán. Pero ya las autoridades no tienen esperanza ni de encontrar su cuerpo en el mar Caribe. Tampoco registran su caso entre los feminicidios para estudiar mejor el fenómeno y reducir las tragedias. 

Este reportaje fue realizado por Riamny Méndez para Espacio de Comunicación Insular en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Foto principal Lorena Espinoza 

Diseño de infografías: María Olivo. 

Producción radiofónica y voces: Riamny Méndez y Solange de la Cruz

Escucha la serie de radio en este enlace http://radiocimarrona.com/index.php/podcast/6-en-voz-alta